A espaldas de los trabajadores y sin ningún tipo de diálogo previo, el Gobierno nacional avanzó con una intervención sorpresiva del Puerto de Ushuaia que dejó una postal alarmante: fuerzas federales ingresando de madrugada, personal impedido de cumplir sus tareas y una infraestructura estratégica tomada por decisión unilateral del Ejecutivo de Javier Milei. La medida, ejecutada bajo el paraguas de una supuesta “intervención administrativa”, fue vivida en los hechos como un desalojo encubierto de los trabajadores portuarios, que se encontraron con accesos bloqueados y órdenes externas que alteraron por completo el normal funcionamiento del puerto.

Desde el ámbito sindical denunciaron que no hubo notificación formal previa ni resguardo de las fuentes laborales, y advirtieron que se trata de un nuevo capítulo del ajuste salvaje que el Gobierno descarga sobre el mundo del trabajo. “Primero ajustan, después reprimen y finalmente avanzan con la excusa de la eficiencia”, señalaron referentes gremiales del sector. El Puerto de Ushuaia no es un puerto más: es una pieza clave para la soberanía logística, el turismo antártico y la economía fueguina. Para los sindicatos, la intervención marca un precedente peligroso y refuerza la idea de que el Gobierno nacional está dispuesto a pasar por arriba derechos laborales históricos en nombre de un modelo de entrega y disciplinamiento social.