La ofensiva del ajuste sobre la industria nacional suma un nuevo capítulo que golpea de lleno a las y los trabajadores. General Motors confirmó que durante 2026 mantendrá el esquema de suspensiones periódicas en su planta de General Alvear, provincia de Santa Fe, con paradas de una semana por mes y el pago de salarios reducidos al 75%. La medida, que se arrastra desde 2025, consolida un escenario de precarización laboral y creciente incertidumbre para alrededor de 600 operarios, en una fábrica que ya funciona con una reducción cercana al 50% de su capacidad productiva.

No existen señales concretas de una vuelta a la producción normal, lo que agrava la preocupación en el sector. Desde la empresa intentaron relativizar la situación al señalar que no hubo una nueva caída productiva y que se mantiene el ritmo anunciado. Sin embargo, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) desmintió esa versión y fue contundente: el freno responde a la “caída estrepitosa” de las ventas, consecuencia directa del derrumbe del mercado interno.

Para el gremio, la continuidad de estas suspensiones es el reflejo de un modelo económico que castiga a la industria nacional, prioriza la apertura indiscriminada de importaciones y desprotege el trabajo argentino. “El ajuste no lo pagan las empresas, lo pagan los trabajadores con menos salario y menos estabilidad”, advirtieron desde el sindicato. Cabe recordar que el primer parate en la planta de Alvear se produjo en octubre de 2023, inicialmente justificado por la falta de piezas importadas. Con el correr del tiempo, las suspensiones dejaron de ser excepcionales y se transformaron en una práctica habitual durante 2024 y 2025, hasta consolidarse en el actual esquema. Desde el movimiento obrero alertan que, sin un cambio de rumbo en las políticas económicas y laborales del Gobierno nacional, la situación podría agravarse aún más. La defensa del empleo, del salario y de la industria nacional vuelve a colocarse en el centro de la agenda sindical frente a un escenario que amenaza con seguir profundizando la pérdida de derechos y puestos de trabajo.