Los trabajadores de la empresa petroquímica Sealed Air mantienen una protesta permanente frente a los portones de la planta ubicada en la localidad bonaerense de Quilmes, luego de que la firma confirmara la desvinculación de 65 empleados. La medida desató un paro total y dejó la producción completamente paralizada. Si bien en un primer momento la empresa había anticipado cerca de 90 despidos, finalmente el número se redujo. Sin embargo, el malestar no mermó. Alrededor de 45 trabajadores, en su mayoría con años de antigüedad y próximos a la jubilación, aceptaron retiros voluntarios en el marco de un acuerdo que supuestamente buscaba preservar el funcionamiento de la planta. Para el resto, la respuesta fue el despido. Desde el sector gremial advierten que el caso Sealed Air no es un hecho aislado, sino el inicio formal de la conflictividad laboral de 2026, en un escenario que se viene repitiendo desde la asunción de Javier Milei. “Las empresas ajustan, despiden y el Estado mira para otro lado”, señalaron delegados en el lugar. La falta de intervención efectiva del Gobierno nacional y la ausencia de políticas de protección al empleo industrial profundizan la crisis en el sector productivo. Mientras el Ejecutivo celebra el ajuste, los trabajadores pagan el costo con despidos, pérdida de derechos y un futuro cada vez más incierto.