La Patagonia vuelve a arder y, una vez más, el fuego expone algo más profundo que un desastre ambiental: deja al desnudo una decisión política. No se trata solo de sequías, vientos o altas temperaturas. Lo que quema es la ausencia del Estado, el desmantelamiento de políticas de prevención y el ajuste brutal sobre los organismos encargados de proteger el territorio. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Parques Nacionales y las brigadas locales llegan tarde, mal equipadas y sobreexigidas. No es casual. Es la consecuencia directa de un Gobierno que recortó presupuesto, congeló ingresos y redujo la capacidad operativa en nombre de una austeridad selectiva que siempre cae sobre los mismos. En ese marco, la tragedia se vuelve funcional. La emergencia permanente permite correr el eje del debate, naturalizar el desastre y abrir la puerta a discursos peligrosos: reconstrucción con “inversión privada”, flexibilización de controles y un modelo de desarrollo que históricamente terminó beneficiando a grandes intereses económicos. La ley que limita la venta de tierras a extranjeros sigue vigente, pero el verdadero riesgo no está en una derogación explícita, sino en su vaciamiento silencioso, en la desarticulación de los controles y en la pasividad oficial frente a la especulación post-incendio. Cuando el Estado se retira, el mercado avanza. Y cuando el fuego arrasa, lo que queda no es solo ceniza: queda un territorio más débil, comunidades más vulnerables y un Gobierno que vuelve a demostrar que no gobierna para proteger, sino para liberar negocios.