En ese marco el Gobierno nacional iniciará la próxima semana una instancia formal de diálogo con la Confederación General del Trabajo (CGT) con el objetivo de introducir modificaciones al proyecto de reforma laboral que actualmente se debate en el Senado. El intercambio se dará en el marco de una comisión técnica que comenzará a funcionar el 16 de enero en la Cámara Alta y que tendrá como misión evaluar los reclamos del movimiento obrero y del sector empresario. Desde el sindicalismo advierten que el proyecto, tal como fue enviado por el Ejecutivo, avanza sobre conquistas históricas de los trabajadores, debilita la negociación colectiva y promueve un esquema de mayor precarización laboral. En ese contexto, la CGT aceptó sentarse a la mesa de diálogo, aunque dejó en claro que no convalidará cambios que impliquen pérdida de derechos. La intención oficial es introducir ajustes al texto para destrabar apoyos políticos y llevar la iniciativa al recinto el próximo 10 de febrero. Así lo reconoció la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, quien admitió que el Gobierno está dispuesto a negociar algunos puntos del proyecto para garantizar su aprobación. “El objetivo es votar la ley y, así como hubo cambios en la Ley Bases, va a haber cambios para llegar a los votos necesarios”, sostuvo Bullrich. Sin embargo, desde el movimiento sindical remarcan que el debate no puede reducirse a una negociación parlamentaria, sino que debe contemplar la defensa del empleo, los salarios y la protección laboral frente a un escenario económico cada vez más adverso. La comisión técnica será clave para medir hasta dónde el Ejecutivo está dispuesto a retroceder y si el diálogo con la CGT se traduce en cambios reales o queda limitado a una estrategia para legitimar una reforma ampliamente rechazada por el mundo del trabajo.