El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas emitió un informe contundente que volvió a colocar a la Argentina bajo el foco internacional. El organismo expresó una “profunda preocupación” por lo que calificó como un deterioro acelerado de las garantías básicas de derechos humanos durante la administración de Javier Milei, un diagnóstico que encendió alarmas dentro y fuera del país. Entre los aspectos más críticos, el reporte subrayó el “uso excesivo de la fuerza en marchas y manifestaciones”, señalando episodios de represión policial, detenciones masivas y acciones que —según el documento— carecen de fundamentos jurídicos sólidos.

Policia Golpe a un jubilado en plena marcha Fotografia Gustavo Gonzalez

cabe destacar que para los especialistas de la ONU, estas prácticas vulneran compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino. El informe también puso el foco en un incremento marcado de denuncias por “torturas y malos tratos en lugares de detención”, sumado a condiciones penitenciarias que calificó como “críticas”: hacinamiento persistente, fallas sanitarias graves y falta de acceso adecuado a defensa legal.

Según el organismo, la situación afecta tanto a detenidos comunes como a personas privadas de la libertad en contextos de protesta. Ante este escenario, la ONU instó al Estado argentino a implementar medidas inmediatas. Entre ellas, reclamó investigaciones “independientes, imparciales y exhaustivas” frente a cada denuncia; la obligatoriedad de grabar todos los operativos policiales y poner esas imágenes a disposición de organismos externos de control; y la adopción urgente de políticas para mejorar la infraestructura penitenciaria, garantizar atención médica adecuada y asegurar reparación a las víctimas.

Policia golpea salbajemente a un manifestante fotografia Gustavo Gonzalez

La respuesta oficial no tardó en llegar. Desde la Casa Rosada rechazaron de plano las conclusiones del Comité, asegurando que el informe “está influido por sectores militantes” y negando la existencia de prácticas de persecución política. Además, defendieron el accionar de las fuerzas de seguridad, al que calificaron como “ajustado a la ley y orientado a restablecer el orden”. El fuerte contrapunto abrió un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno argentino y los organismos internacionales de derechos humanos,