En ese contexto trás un comunicado firmado por el Consejo Directivo, la central sindical advirtió que esta acción pone en riesgo el empleo de miles de trabajadores y la seguridad vial, en un contexto donde los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte en Argentina. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien informó sobre la eliminación de Vialidad Nacional y la reestructuración del sistema de control y mantenimiento de la red vial. Esta decisión quedó oficializada el día de hoy mediante el Decreto 461/2025 publicado en el Boletín Oficial, el cual también contempla el cierre definitivo de la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial. El líder cegetista, Héctor Daer, manifestó su descontento al señalar que "el cierre de Vialidad Nacional y el despido de miles de trabajadores es un ataque directo al modelo federal que defendemos". Daer añadió que "las rutas son las venas que conectan a nuestra Argentina productiva. Sin obra pública, no hay justicia social ni desarrollo". Ante esta situación, la CGT se manifestó "a disposición" para apoyar las acciones y medidas de fuerza que realicen los trabajadores afectados, con el fin de defender sus empleos y garantizar la seguridad en las rutas del país. Esta mañana, trabajadores de Vialidad Nacional protestaron frente a la sede del organismo ubicado en la Avenida Presidente Julio A. Roca al 700, en el centro de Buenos Aires, exigiendo claridad sobre el futuro de sus puestos de trabajo. El decreto que oficializa esta reestructuración sostiene que el organismo disuelto había sido creado para facilitar la corrupción y señala que la medida busca una gestión más eficiente. Según el vocero presidencial, se entregarán en concesión 9.120 kilómetros de rutas, que serán gestionadas bajo nuevas normas y controles que se presentan como garantía de transparencia y supervisión independiente. Las funciones de la extinta Dirección Nacional de Vialidad serán redistribuidas: la planificación de la infraestructura vial pasará a la Secretaría de Transporte y otras áreas del Ministerio de Economía; la supervisión de las concesiones quedará bajo la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, mientras que el mantenimiento será responsabilidad de una unidad específica, con parte del trabajo tercerizado a empresas privadas. Con esta disolución, la estructura anterior de 5.184 agentes, de los cuales el 67% realizaba tareas administrativas y el 33% operativas, será puesta a disponibilidad con sueldo por 12 meses, hasta su eventual reubicación o despido. Según el gobierno, esta medida permitirá un ahorro anual estimado de 100 millones de dólares para el Estado nacional. El rechazo de la CGT y las movilizaciones de los trabajadores reflejan una creciente preocupación por las repercusiones que esta reorganización tendrá no solo en el empleo, sino también en la seguridad y la infraestructura vial del país, en un momento crítico para la economía argentina.