En ese contexto ayer miércoles 17 se reunieron en el hotel Navegantes en representación de la FESIMAF ( Federación Sindical Maritima y Fluvial) el secretario general del SOMU Raúl Durdos, el Secretario general del sindicato de patrones Capitan Mariano Moreno y el secretario general adjunto del SICONARA Ángel Raimundi dialogaron con los diputados nacionales de la provincia de corrientes Jorge Romero, Nancy Sand y la diputada por Entre Ríos Blanca Osuna. Junto a los diputados analizaron que la ley propuesta por el ejecutivo perjudica a los trabajadores porque : • Elimina la obligatoriedad de desembarco de la producción de los buques pesqueros en muelles argentinos. • Elimina las condiciones establecidas para el otorgamiento de los permisos de pesca, fijando un plazo de 20 años, independientemente del origen del buque, su antigüedad o la mano de obra que emplee. • Modifica el sistema de asignación de las cuotas de captura de pesca. Habilita a que las cuotas de captura sean licitadas internacionalmente. • Suprime la obligación de contar con la aprobación de la autoridad de aplicación para proyectos de incorporación de buques nuevos. • Suprime los requisitos establecidos para la tripulación nacional en buques pesqueros. Los representantes de la FESIMAF expresaron que con la ley se generaría la pérdida masiva de empleos y las nefastas consecuencias que vendrían de la mano de la apertura de los mares al mundo, entregando permisos de pesca de forma irrestricta y sin ningún cuidado del recurso ni de la soberanía nacional” Al respecto el Secretario General de la Fe.Si.Ma.F Raúl Durdos sostuvo "lo que permite el desarrollo de la industria pesquera en el país no es la infraestructura, sino que son las licencias y los permisos de pesca" "Si no tenés eso, de nada te sirve la estructura", afirmó. Entre los cambios planteados en el proyecto de Javier Milei se derogan de la Ley de Pesca el artículo 25 - obliga a desembarcar la producción de los buques pesqueros en muelles argentinos - y el articulo 40, que fija que la tripulación de los buques pesqueros debe estar constituida por capitanes y oficiales argentinos nativos, por opción o naturalizados y por un 75% del personal de maestranza, marinería y operarios de planta a bordo argentinos o extranjeros con más de diez años de residencia permanente. De este modo, la legislación que impulsa el nuevo gobierno elimina los controles “para el otorgamiento de los permisos de pesca, la autoridad de aplicación solo podrá verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques” y dice que los permisos “no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques”.