El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) salió nuevamente a aclarar y desmentir una serie de versiones públicas que, según remarcaron desde la conducción, “forman parte de una operación política externa destinada a alterar un proceso electoral que viene desarrollándose con absoluta normalidad y bajo supervisión estatutaria”. Manipulaciones y falsedades: origen de las acusaciones Desde el gremio señalaron que buena parte de las denuncias difundidas provienen de sectores vinculados a la lista Granate, agrupación que fue descalificada hace casi un mes por incumplimientos básicos del Estatuto. “La lista no cumplió requisitos elementales y registró inconsistencias graves en sus presentaciones”, indicaron. Entre esos incumplimientos, la Junta Electoral confirmó que la sección Cámara de la lista opositora acumuló 13 denuncias formales por presunta falsificación de firmas, situación que por sí sola habilita su rechazo inmediato. “Esa información fue elevada a las autoridades correspondientes, pero ciertos medios que hoy amplifican versiones falsas decidieron no publicar nada sobre estos hechos de verdadera gravedad”, afirmaron. Operadores externos y medios pagos detrás de la campaña La conducción del SOMU apuntó también a la presencia de actores ajenos al gremio que buscan incidir en el clima interno. “Sabemos que se puso plata en medios mercenarios para instalar una narrativa falsa y desestabilizadora”, denunciaron. Entre esos operadores mencionaron a un tal Walter Boca, señalado públicamente en el pasado por causas vinculadas al contrabando de medicamentos, quien —según fuentes del sindicato— “opera mediáticamente y financia contenidos para atacar a la conducción y favorecer a una lista que fue desestimada en tiempo y forma”. “Resulta evidente que detrás de esta campaña hay intereses que nada tienen que ver con los trabajadores marítimos. Son operadores políticos que utilizan medios pagos para fabricar conflictos donde no los hay”, expresaron. Desmienten irregularidades y reafirman transparencia Frente a las acusaciones sobre un supuesto veto político, presiones internas o falta de vistas para subsanar documentación, desde la Junta Electoral insistieron en que todas las etapas del proceso fueron cumplidas estrictamente según lo establece el Estatuto. Además, remarcaron que la presencia policial el día del cierre de listas no respondió a cuestiones gremiales, que las renuncias individuales fueron voluntarias, y que la candidatura del secretario general Raúl Omar Durdos se encuentra plenamente habilitada por no existir ninguna inhibición civil ni penal en su contra. Sobre la denuncia individual: una causa en trámite, sin impacto electoral Respecto a la denuncia mencionada por Betina Santillán, el gremio aclaró que no existe fallo, sentencia ni inhibición que afecte a la conducción. “Intentar presentar una causa en trámite como una prohibición electoral automática es una maniobra política que no resiste lectura legal”, indicaron abogados del sindicato. --- Conclusión: El SOMU cuestiona operaciones y reafirma su legalidad Desde el SOMU sostienen que todas las acusaciones difundidas en los últimos días “responden a una operación mediática orquestada por sectores descalificados y financiados por operadores externos al gremio, cuyo único objetivo es generar confusión”. “El proceso electoral continúa con transparencia, legalidad y participación plena de los afiliados. Lo demás es ruido que proviene de quienes no pudieron cumplir el Estatuto y hoy buscan instalar, mediante medios pagos, lo que no pudieron lograr en las urnas ni en la Junta Electoral”, concluyeron.